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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 456 | Marzo 2020

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Nicaragua

Ha comenzado el maratón…

Con el lanzamiento de los avances de la Coalición Nacional contra la dictadura el 25 de febrero, 30 aniversario de la derrota electoral de Ortega en 1990, comenzó el maratón electoral, que concluirá el 7 de noviembre de 2021. ¿Cuántos tropiezos encontrará en el camino el pueblo azul y blanco? Y la dictadura, ¿cuántos obstáculos les colocará y cuántos traspiés dará en la carrera? ¿Y cómo terminará esta prueba de resistencia? ¿En terreno plano, con aplausos y banderas… o en un precipicio?

Equipo Envío

Con más de 60 presos políticos en las cárceles, con control policial en todo el territorio nacional, con paramilitares que a diario hacen alarde de saña represiva, y con una economía en continuo desgaste, que está empobreciendo a la mayoría, la salida electoral de la dictadura absorbe hoy las mayores energías de la oposición azul y blanco.

Todos participan en el maratón electoral activamente, o lo hacen pasivamente, oscilando entre la esperanza y la incertidumbre, entre desconfianzas y dudas.

“DESTERRAR LA DICTADURA DEL PODER Y DE LA CULTURA”


En una Managua sitiada por la Policía con un desmesurado aparataje represivo, en la mañana del 25 de febrero, la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco hicieron pública, de la forma más solemne que encontraron en una tensa situación de asedio, los avances que han logrado en la conformación del “punto de partida” de la Coalición Nacional contra la dictadura. Todavía con las “puertas abiertas” a nuevas adhesiones de grupos políticos y civiles, la Coalición -Alianza y UNAB-, a las que se han unido el Movimiento Campesino, tres partidos políticos (PLC, YÁTAMA y el evangélico PRD) y la FDN que agrupa a exContras-, enviaron un “mensaje de esperanza” a la población expresando su compromi¬so de acelerar esfuerzos de unidad.

“Nos comprometemos a continuar trabajando en la construcción de una Coalición Nacional plural, incluyente y participativa, con representación democrática, justa y ponderada de todos, donde cada nicaragüense que lucha contra la dictadura tiene un espacio. Nos une la bandera azul y blanco. Para reconstruir Nicaragua es indispensable desterrar la dictadura del poder y de nuestra cultura”, dicen en la proclama, que ese día leyó el dirigente de Masaya Yubrank Suazo.

Aunque en todo el texto de la proclama no se hace mención al eventual proceso electoral, ese desafío, tan lleno de incertidumbres, está en la agenda de todos.

EN DOS PISTAS, DOS CORREDORES


Ha iniciado así el maratón electoral. En distintas pistas participan los dos grupos de corredores. Para el grupo azul y blanco será una importante prueba de resistencia. Está en la carrera luchando por forzar a Ortega a hacer reformas electorales profundas para que al acercarse a la meta en noviembre de 2021 haya en Nicaragua un clima social adecuado y reglas de juego electorales tan transparentes que la población, confiada, salga a votar masivamente. Cuenta este grupo con que cada uno de sus corredores rinda al máximo. Y confía en que, con la unidad y la organización lograda a lo largo de la carrera, Ortega será derrotado.

Ortega y los suyos corren por otra pista. Apenas trotan, no tienen tanta prisa como el otro grupo en llegar a la meta. Su preparación para ganar ha sido intensa: cuarenta años en el poder “arriba” o “abajo”. Durante el recorrido tratarán de infiltrar al otro grupo para dividirlo, atraerán a su pista a nuevos participantes que correrán bajo sus condiciones.

Durante el maratón su objetivo es desalentar a los adversarios y confundir a los espectadores para evitar que al llegar a la meta no haya un voto masivo. Con artimañas ya probadas en otras ocasiones, confían en hacerse con el trofeo: sería la tercera reelección consecutiva de Ortega y la continuación de su dictadura.

¿EN 2020 SE DECIDIRÁ 2021?


El pistoletazo de salida para dar inicio al maratón electoral lo dio el régimen el 8 de enero al anunciar en la primera sesión del Parlamento, controlado por Ortega, que a lo largo de la legislatura 2020 se reformará la ley electoral en el Legislativo, con los partidos políticos presentes en el hemiciclo y en un proceso que dirigirá el Consejo Supremo Electoral, controlado por Ortega.

En Nicaragua no son posibles elecciones mínimamente “libres y justas”, como demanda la comunidad internacional, ni que generen confianza en la comunidad nacional, sin hacer antes profundas reformas a todo el sistema electoral. Varias requieren del voto de los diputados -Ortega tiene la mayoría- y de dos legislaturas. Las reformas hay que hacerlas este año 2020 porque, según la Constitución, las elecciones deben ser en noviembre de 2021. Así que hasta hoy todo indica que la prueba de resistencia que es este maratón de 2020 decidirá mucho de todo lo que suceda en 2021.

UN SISTEMA COLAPSADO


El sistema electoral nicaragüense requiere de reformas de todo tipo. No sólo hay que reformar la ley. El sistema es desastroso se mire por donde se mire (autoridades, cedulación, padrón, centros de votación, transmisión de datos, publicación de resultados...) Todo está contaminado
.
La misión de observación electoral del prestigioso Centro Carter calificó de “fraude comprobado” las elecciones municipales de 2008. Las conclusiones del informe de la misión de observadores de la Unión Europea, que estuvieron en Nicaragua en las elecciones generales de noviembre de 2011, demostraron ampliamente el radical deterioro del sistema electoral nicaragüense en to¬das sus etapas: https://www.envio.org.ni/articulo/4447.

En los siguientes comicios presidenciales (2016), Ortega no permitió la presencia de ésta ni de ninguna otra misión de observación electoral, ni internacional ni nacional porque todos los observadores “son unos sinvergüenzas”. Y en noviembre de aquel año resultó “reelecto” con una masiva abstención, expresión pasiva del descontento que ya existía y que estalló como re¬pudio multitudinario en abril de 2018.

¿QUÉ REFORMAS ELECTORALES SON ESENCIALES?


La mayoría de las reformas que de¬manda el sistema electoral nicaragüense son administrativas y no requieren del Legislativo. Son procedimientos que han sido empleados desde 2006 hasta 2017 por el orteguismo para garantizar la cadena de fraudes de todos esos años. Comprometerse a renunciar a ellos depende de la voluntad política de quien controla el sistema y dirige el régimen, de Daniel Ortega.

El régimen sólo ha dicho que hará reformas y que las discutirá con los partidos políticos con presencia en el Parlamento. Los azul y blanco se preparan para forzarlo a una negociación política en la que tenga que aceptar los cambios profundos que el sistema demanda.

Cuáles son los esenciales los enumeró en octubre de 2019 para Envío el experto en temas electorales José Antonio Peraza: “Si logramos reformas aceptables al Consejo Supremo Electoral, observación electoral a todo nivel, fiscalización real de los partidos políticos a todo nivel, procedimientos claros, publicación de los resultados en tiempo real y, lo más importante, una coalición en la que vayamos todos unidos, ganamos”. https://www.envio.org.ni/articulo/5707

Forzar a Ortega a aceptar estas reformas, las esenciales, requerirá de una presión nacional e internacional conjugada y extrema que modifique la actual correlación de fuerzas.

Ortega no está dispuesto a aceptar elecciones libres porque sabe que las perderá. Las aceptó en 1990 porque él, y con Ortega el FSLN, estaban seguros de que las ganarían. Hasta hoy aquella derrota es su fantasma… Sólo las aceptaría en un escenario tal en el que no aceptarlas sea más costoso para él que arriesgarse a permitirlas… Y ése no es el escenario al iniciar el maratón.

NICARAGUA EN LA “LISTA GRIS”


Nadie discute que Nicaragua es “otra” después de la rebelión ciudadana de abril de 2018. Pero, ¿qué será después de ser otra? Nadie lo sabe con certeza.

Tras las primeras semanas que siguieron a la Rebelión de Abril, en las que la población azul y blanco creyó que Ortega abandonaría el poder presionado por la insurrección cívica, llevándose la fortuna que ha acumulado, la gente tuvo que aceptar, sufriendo la magnitud de la represión letal con la que respondió el régimen, que la salida tendría que ser por otra vía.

Ortega no se fue y el paso del tiempo y la realidad le fue imponiendo a la población insurreccionada la vía electoral. El paso del tiempo también ha afectado a Ortega, forzado a “mover” su fortuna fuera del país.

Ahora, la lupa internacional lo ha enfocado con una crítica luz roja: el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volvió a colocar a Nicaragua en la “lista gris” de los países “con regímenes con deficiencias estratégicas para contrarrestar el lavado de dinero” por los movimientos de capitales que la familia en el poder ha venido realizando desde que Estados Unidos sancionó a más de una docena de sus funcionarios y a varios de sus empresas, corazón de sus negocios.

El régimen logró que el GAFI sacara a Nicaragua de esta “lista” en 2015. Que el país haya vuelto a caer en ella tendrá consecuencias muy negativas para el sistema financiero nacional, ya afectado por la recesión económica.

“TRASLADAR EL CONFLICTO
DE LAS ARMAS A LAS URNAS”


La comunidad internacional preocupada por lo que sucedía en Nicaragua abogó desde el primer momento por la vía electoral.

El 11 de julio de 2018, aún no concluida la violenta “operación limpieza”, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al hablar ante la Asamblea General del organismo -que escuchó ese día el contundente informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su primera visita a Nicaragua-, lo reiteró: “Desde el comienzo propusimos una herramienta fundamental para cesar la violencia: la realización de elecciones anticipadas en el marco de un proceso electoral limpio y transparente. Para nosotros sigue siendo esencial trasladar el conflicto de las armas a las urnas”.

Nunca Ortega dio señal alguna de aceptar responsabilidad en la violencia desatada en abril. Tampoco de acceder a un anticipo de las elecciones. “El comandante se queda” fue la consigna. Y en septiembre de 2018, después de 325 asesinatos, el comandante prohibió las manifestaciones públicas que lo repudiaban e instaló el terror, cifrando su victoria en cansar y desgastar a la población opositora. Multiplicó los presos, los excarceló para continuar persiguiéndolos, asediando a sus familias y hasta recapturándolos, se multiplicaron los exiliados políticos y la economía comenzó a boquear… El desgaste funcionó. A favor de él... y también en contra suya. También Ortega se ha desgastado: su proyecto dinástico fracasó, su legado histórico será sangriento y enfrenta un severo desprestigio internacional, sólo disimulado por la irrelevancia geopolítica de Nicaragua.

El bolsillo de su familia y de sus allegados también ha sufrido: 5 empresas de vital importancia para la familia gobernante, 3 funcionarios del círculo más íntimo de Ortega -esposa y dos hijos- más otros 12 funcionarios de su círculo de confianza han sido sancionados política y financieramente.

UNA ECONOMÍA QUE NO LEVANTA CABEZA


El desgaste económico no es sólo para la familia en el poder y los suyos por efecto de las sanciones. Es nacional por la obcecación de Ortega de no aceptar ningún acuerdo político. La economía no levanta cabeza. La inversión privada nacional e internacional continúa deprimida y el plan de inversiones públicas no cuenta con suficientes recursos. En 2018 y en 2019 el BID no ha otorgado ni un solo préstamo a Nicaragua.

El régimen ha tenido que recortar el presupuesto y el empleo público, varios subsidios y las transferencias a las alcaldías. Y aumenta impuestos y multiplica las multas. El único rubro económico que sigue creciendo es el de las remesas, que oxigenan la economía con el trabajo y los ahorros de emigrados y exiliados.

La calificadora de riesgos Moody’s rebajó en febrero la posición de Nicaragua. En 2019 la fijó en “B2 con perspectiva estable” y ahora la pasó a “B3 con perspectiva negativa”. La sostenida recesión económica que experimenta Nicaragua desde el segundo trimestre de 2019 va camino de convertirse en depresión en 2020 y el país está cercano a entrar en situación de impago de su deuda.

En su análisis de febrero 2019 “The Economist” hace dos pronósticos negativos para el régimen: el crecimiento promedio de cinco años (2021-2024) será de 1.6% y la alianza de Ortega con la clase empresarial “es poco probable que se reconstruya de manera significativa”. Todo lo que pronostica el influyente medio británico lo atribuye a “la ausencia de una solución real al conflicto político de Nicaragua”.

CADA VEZ MÁS POBRES


“Estamos tan pobres como en 2014, el último año en que hubo una encuesta de pobreza en Nicaragua. Toda la pobreza que se había reducido en el país creciendo a un ritmo promedio anual de 5% desapareció. Hoy es pobre el 28-30% de la población nicaragüense”, dice el economista independiente Néstor Avendaño en una entrevista con “Confidencial”.

Avendaño señala que en 2019 el PIB cayó en –6.5%. Para 2020 pronostica una caída de –2.7%. Y añade: “Llegará un momento en que el país alcance la meta irrisoria del estancamiento, que es dejar de decrecer negativamente y crecer 0%. Hasta que haya una solución política llegará ese momento… y sólo después se verían los efectos positivos. Y poco a poco”.

Ortega no ha aceptado ninguna solución política, lo que en la actual correlación de fuerzas sería tener el valor de arriesgarse a unas elecciones con parámetros internacionales de transparencia. Nada indica que correrá ese riesgo. Esta terquedad ha resentido la economía de forma dramática.

Resulta un mal chiste recordar que los funcionarios de Ortega nos dije¬ron que a finales de 2019 o inicios de 2020, estarían navegando 3,576 barcos por el ya construido Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y ya habríamos experimentado casi cinco años consecutivos creciendo al 15%…

Falta seriedad, racionalidad, responsabilidad. La recesión económica causada por estas faltas afecta a todos, también a quienes aún simpatizan con Ortega. El denominador común de la ecuación política actual es que con Ortega y Murillo en el gobierno “no se compone nada”... Y “nada” es la economía, es la política y es también la vida familiar y personal... “La dictadura -dice el sociólogo Silvio Prado- ha trascendido el plano político para convertirse en un problema vital para la mayoría de los nicaragüenses”.

SANCIÓN AL CORAZÓN
DEL NEGOCIO PETROLERO


El régimen corre en el maratón también desgastado por el lastre de las sanciones. Las últimas, las del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en diciembre de 2019 sancionaron a la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), corazón del multimillonario negocio petrolero de la familia, el que más réditos les ha producido en una década, más de 400 millones de dólares, según los datos que brindó a “La Prensa” César Arévalo, especialista en el mercado de los hidrocarburos.

En abril ya había sido sancionado Bancorp, el banco donde la familia guardaba las ganancias de sus negocios. Ahora Estados Unidos sancionó también al operador de esos negocios, Rafael Ortega Murillo, y a dos empresas en donde lavaba dinero del negocio petrolero.

El 14 de diciembre los inventarios de la sancionada DNP fueron nacionalizados por el régimen, declarándolos “de seguridad soberana y de interés nacional” y “devueltos” al Estado en una operación de urgencia realizada en total secretismo. Y el 11 de febrero el régimen creó cuatro empresas estatales, tres de ellas para explorar, explotar, almacenar, distribuir, transportar, importar y comercializar todo tipo de hidrocarburos y una cuarta que hará esas mismas operaciones con el gas. Las cuatro empresas estarán exentas de todo tipo de impuestos -fomentarán una competencia desleal, denunció la empresa privada- y sus juntas directivas serán nombradas por Ortega.

El Legislativo aprobó en pocas horas la creación de estas empresas, Ortega lo solicitó a sus diputados con trámite de urgencia, lo que significa ausencia de consultas y falta de transparencia al introducir nuevos actores en un sector tan estratégico para el país. Esta “jugada” del régimen expone al Estado de Nicaragua a sanciones, porque a estas empresas se han trasladado los inventarios y recursos contaminados que tenía la sancionada DNP y, meses antes (enero 2019) la también sancionada Albanisa.

A pesar de la “salida” a las sanciones que representa la creación de las cuatro empresas, el golpe económico a la familia en el poder ha sido sustantivo. Sus ganancias se han reducido significativamente. Para evitar el alto costo político de dejar al país sin combustibles, una de las cuatro empresas, ENICOM, no importará hidrocarburos y esa tarea estará ahora casi totalmente en manos de la empresa privada PUMA, cuando antes de las sanciones PUMA importaba algo menos del 50%.

¿NEGOCIA ORTEGA CON WASHINGTON?


¿Negocia Ortega con Estados Unidos que no haya más sanciones? Ha dado suficientes pruebas de no estar dispuesto a negociar de buena fe con los nicaragüenses. No lo hizo ni en el primer diálogo que dirigieron los obispos en 2018 ni en la mesa de negociación de 2019, en la que ya no quisieron participar los prelados.

Sí ha negociado, desde abril de 2018, y en varias ocasiones, con Estados Unidos, aunque esas pláticas se encontraron siempre con un muro: Ortega descartó varias salidas que se le ofrecieron, aferrado al poder y confiando más en la represión y el desgaste de sus adversarios que en lo que lo que le ofrecía Washington, aun cuando estaba entonces en mejor posición que ahora. “Su lógica es el poder o la muerte”: así concluye sus análisis el sociólogo Óscar René Vargas, quien lo conoce bien.

¿Qué estará negociando ahora, cuando las sanciones económicas lo han ido acorralando y cuando la represión no ha logrado doblegar la resistencia cívica, y cuando la salida es participar en unas elecciones que sabe que va a perder, sabiendo que si se las roba quedará más ilegítimo aún de lo que ya está?

¿Qué negociará ahora con Estados Unidos, cuando está viendo la cuidadosa y eficaz ingeniería con que Washington va asfixiando económicamente al régimen de Maduro con 52 funcionarios de su régimen sancionados y decenas de empresas relacionadas con el régimen también bajo sanción?

¿VENDRÁN MÁS SANCIONES?


El régimen ve venir más sanciones. De Estados Unidos. Y de Europa. Según el periodista Miguel Mora, preso político durante seis meses, Ortega está alerta a las sanciones estadounidenses que podrían afectar sus numerosas televisoras.

También le preocupan las que pueda aplicarle la Unión Europea. Quiso ponerse un escudo frente a ellas el 7 de febrero cuando Murillo ordenó entregar a “La Prensa” el papel y los insumos de imprenta que le mantuvieron ilegalmente retenidos en las aduanas durante 75 semanas para llevar al periódico a una agonía mortal.

El 13 de febrero el régimen se puso otro escudo: liberar a 9 presos políticos, entre los que estaba la estudiante de medicina nica-belga Amaya Coppens, por la que los parlamentarios europeos tanto han reclamado.

Sin embargo, y contradictoriamente, prohibió la entrada en Nicaragua a la delegación de parlamentarios europeos que intentó visitar el país a finales de febrero. Los parlamentarios tuvieron que reunirse el 24 de febrero en San Salvador con una amplia representación de la Coalición Nacional en vísperas de que anunciaran en Managua sus avances.

WASHINGTON BUSCA
COLABORACIÓN CON EUROPA


El espesor del “escudo” demostró ser insuficiente. Del 18 al 20 de febrero, el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Centroamérica, Hugo Rodríguez, visitó Bruselas, sede de la UE, y también Madrid, país vinculado por historia con América Latina, “para explicar lo que estamos haciendo en Nicaragua, buscando alentar a nuestros homólogos europeos a considerar algunas de las mismas medidas... Estamos aquí para discutir la situación en Nicaragua y cómo nuestros socios europeos pueden colaborar para detener los horrendos abusos del régimen de Ortega... El consenso de la comunidad internacional es que Ortega y su régimen deben cesar la represión y garantizar las condiciones necesarias para las libertades civiles básicas... Necesitamos trabajar juntos para ayudar al pueblo nicaragüense a restaurar la democracia”.

Ésas fueron las ideas centrales del mensaje que Rodríguez envió a los nicaragüenses, también a Ortega, desde Bruselas. Aunque desde el 13 de octubre de 2019 la Unión Europea aprobó “el marco” para aplicar sanciones a la dictadura de Ortega, todavía no las ha concretado. Es importante para Nicaragua la colaboración entre Washington y la UE y lo es también que trascienda los intereses reeleccionistas de la administración Trump.

El viaje de Rodríguez a Europa dio continuidad al encuentro que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mantuvo con representantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Azul y Blanco en San José, Costa Rica, el 22 de enero, reunión que significó un espaldarazo a quienes Washington reconoce como la oposición nicaragüense con la que Ortega debe negociar.

En esta ocasión Pompeo se dedicó a escuchar. “Voy a guardar silencio -les dijo- para darles la oportunidad de que ustedes me indiquen de qué forma podemos seguir ayudando”. Escuchó y tomó nota de lo que dijo cada uno.

En la reunión fue unánime el aval dado por todos a las sanciones de Washington contra Ortega, sus negocios y sus cercanos. Unánime también la petición de que esa presión se mantenga y aumenten las sanciones.

DANIEL ORTEGA
NO TIENE SUCESOR


El desgaste del régimen también es político. El incuestionado culto a la personalidad con que el FSLN ha endiosado a Daniel Ortega desde hace cuatro décadas ha tenido costos altísimos para ese partido.

En el FSLN, Ortega y su círculo han descartado, uno tras otro, los liderazgos alternativos que se presentaron o para dirigir el partido o para la candidatura presidencial: Henry Ruiz, Vilma Núñez, Alejandro Martínez Cuenca, Víctor Hugo Tinoco, Herty Lewites... Todos fueron apartados, marginados o expulsados en distintos momentos. Y desde 2007 en función del proyecto dinástico.

Hoy, aunque habría potenciales relevos para ser candidatos en el FSLN ninguno tiene posibilidad alguna. Ortega sigue haciéndose insustituible. A pesar de que uno de los logros más inmediatos de la Rebelión de Abril fue hacer trizas el proyecto dinástico -primero la esposa y después los hijos- esto no parece haberlo asumido aún la familia.

Este mes, Marlon Enoc Sáenz, un dirigente de base del FSLN en Condega, Estelí, uno de tantos militantes históricos del FSLN desde chavalo, habló para decir lo que muchos saben y lo que pocos se atreven a decir en público.

HABLA “EL CHINO ENOC”


Las declaraciones de Sáenz se hicieron virales. Primeramente en una reunión partidaria, y después en grabaciones que él mismo hacía, el “Chino Enoc” se refirió a la falsedad de las encuestas oficiales, a la dificultad de reunir gen¬te para las movilizaciones partidarias, a la falta de formación política de los jóvenes de la Juventud Sandinista, a la enfermedad de Ortega, a su avanzada edad y a la falta de un liderazgo de relevo en el FSLN.

Sáenz criticó a la Vicepresidenta y dijo que se opuso cuando fue seleccionada para ese cargo. Implícitamente, también se reconoció como un paramilitar al afirmar que los combatientes históricos como él, marginados por Murillo desde 2007, fueron llamados a “defender al comandante” cuando en abril de 2018 “nos llamaron como bomberos para apagar el fuego”…

Con un lenguaje más espontáneo, el Chino Enoc repitió lo que en noviembre de 2019 ya había dicho el controversial “Comandante Cero” Edén Pastora en una televisora oficialista reclamando a Ortega que designara a su sucesor y no reconociendo como sucesora a Murillo.

Después de Abril, ¿tiene futuro el sandinismo? ¿Lo tiene el FSLN? Es un tema de debate en el actual contexto. Sean cuales sean las respuestas, si se llegara a una contienda electoral libre y justa el sandinismo orteguista obtendría un porcentaje de votos.

EL SANDINISMO “USURPADO POR EL ORTEGUISMO”


Los que se conocen hoy como “sandinistas históricos”, personas ya mayores como el Chino Enoc, son todos orteguistas. Hay otros sandinistas que lo son por historia familiar y no han participado en la represión. ¿Son orteguistas? Puede que sí. ¿No debería el pueblo azul y blanco enviar mensajes que ganen mentes y corazones del sandinismo histórico? ¿No hay que hablarles también a ellos?

“Ortega sabe muy bien que el FSLN no tiene consenso nacional y a lo interno del sandinismo histórico existe una debacle que viene desde años, desde que el sandinismo fue usurpado por el orteguismo”.

Es lo que dice a su regreso de un exilio de 19 me¬ses el monimboseño Fernando Brenes, guerrillero y combatiente histórico, capitán en retiro del Ejército sandinista, muy diferente su trayectoria a la del Chino Enoc. El sandinismo no orteguista que representa gente como él merece un reconocimiento en el maratón que busca derrocar a Ortega.

También debería la Gran Coalición dirigirse al sandinismo no orteguista decepcionado, no sólo al histórico, también al de militantes más recientes.

“Yo no participé en las protestas. Estábamos con el gobierno. A los antimotines que me detuvieron les enseñé mi carné de militante y me dije¬ron que “esa m... la saca cualquiera”. Yo era militante y no respetaron eso. Nos tratan así y eso lo lleva a uno a cambiar de opinión. Por puro aire estuve ahí”.

Es lo que dice el caraceño Lesther Ruiz, excarcelado el 13 de febrero, que “estuvo ahí”, en la cárcel, durante nueve meses, aguantando malos tratos. ¿No habrá un lugar para muchos como él en el maratón anti-dictadura? ¿No hay que hablarles también a ellos?

EL COSTO
DE LA RESISTENCIA


¿Cuál de los dos grupos llega más desgastado al maratón electoral?

Los azul y blanco arrancan con la ventaja de ser mayoría social y con la confianza de convertirse en mayoría electoral. Cargan con el desgaste de más de doce meses de estado policial, con todo lo que esto significa de represión y de temor instalado en calles, en casas... y en mentes.

La mayoría ha resistido y sigue resistiendo, a menudo de forma clandestina o refugiándose en las redes sociales. Para muchos la válvula de escape ha sido el exilio. Para decenas de miles, lanzados al desempleo por la crisis económica provocada por la dictadura, la lucha por el pan de cada día ha colocado necesariamente en los márgenes la ocupación política. El común denominador de la mayoría de la población no es hoy esa ocupación, sino la preocupación por el futuro, el hartazgo ante una crisis que se ha prolongado más de lo que nadie previó.

Paradójicamente, la prolongación de la crisis, y el fracaso estrepitoso de la mesa de negociación que promovió el gran capital en 2019 ha regalado tiempo al equipo azul y blanco para organizarse mejor y para entender mejor la urgencia de alcanzar acuerdos en algunos puntos básicos que garanticen una unidad compacta.

La unidad no es fácil. Es lógico que en medio de tanta represión y tras más de una década de dictadura institucional, la transición del movimiento masivo, autoconvocado y espontáneo de abril a una coalición nacional unitaria que enfrente a la actual dictadura sangrienta no sea ni rápida ni sencilla.

LO COMPLEJO DE LA UNIDAD


Mucho ha logrado ya la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, algo impensable antes de abril de 2018... Ambas agrupaciones tienen el reconocimiento internacional y han ido ganándolo nacionalmente.

Han tenido que enfrentar los atrasos de la cultura política nicaragüense, marcada por el caudillismo, la inexperiencia en el debate y la argumentación, la tentación de la violencia, el pensamiento mágico y, muy especialmente, un sectarismo que tiende a excluir al otro. A esto hay que sumar la escasa experiencia de haber vivido en democracia.

Al analizar, en páginas siguientes, la urgencia de reformar el anticuado sistema educativo nacional y las dificultades para lograrlo, la experta en Pedagogía Josefina Vijil lo atribuye también a eso: “Muchas personas extranjeras nos dicen: ¿Por qué si conozco a tantos nicaragüenses que individualmente son tan brillantes, no se pueden poner de acuerdo y hacer algo relevante para el país? A los nicas nos cuesta mucho dejar nuestras ideas personales para asumir las de otros que son mejores”.

En su blog, la experta en comunicación Mildred Largaespada presenta avances del estudio que hace sobre las redes sociales en Nicaragua e informa que “tanto en la comunidad azul y blanco como en la orteguista hay extremos que comparten las mismas ideas: solucionar el conflicto por la vía violenta, odio al “otro”, ideas antidemocráticas”.

En este contexto de graves violaciones a los derechos humanos y con este bagaje cultural ha sido una gigantesca empresa de la Alianza y de la UNAB lograr lo que ya han conseguido y anunciaron el 25 de febrero.

EL DESAFÍO
DE UN PLURALISMO INCLUYENTE


El régimen y algunos grupos políticos han querido presentar el dilema actual para salir de la dictadura como una lucha ideológica entre derecha e izquierda. Para la Alianza y la UNAB se trata de una lucha entre democracia y dictadura, en donde cabe el espectro más plural que hoy conforma la sociedad nicaragüense.

Algunos grupos opositores -o que dicen serlo o que siguen la propaganda que disemina el gobierno consciente o inconscientemente-, claman porque la coalición contra la dictadura no incluya a “izquierdistas” y porque se excluya a quienes aún llevan el nombre de sandinistas -el MRS- o a quienes fueron funcionarios en el gobierno revolucionario de los años 80 o hicieron alianzas con Ortega en algún momento.

El grupo más insistente en este punto ha sido el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Aunque miembro de la Alianza Cívica, CxL no quiso firmar la proclama de la Coalición Nacional el 25 de febrero.

Un recién creado grupo de centro-derecha, que tiene al frente a los conservadores Noel Vidaurre y Alfredo César, ha hecho también del anti-izquierdismo su bandera de lucha.

“NO HAY SANTOS SIN PASADO”


En el otro extremo, grupos de izquierda, también con alta carga emocional, rechazan la participación -dicen que protagónica- de quienes se beneficiaron de la dictadura de Ortega antes de abril -la clase empresarial- o de quienes pertenecieron al PLC de Alemán porque su pacto con Ortega hace veinte años favoreció el regreso al poder del FSLN.

El Movimiento Campesino hace contrapeso a las reservas contra el PLC, recordando que en las zonas rurales el liberalismo ha sido siempre mayoritario, bajo cualquier sigla partidaria.

Freddy Navas, líder campesino y excarcelado tras ocho meses en prisión, enuncia una “ley” a favor del pluralismo necesario en estos momentos: “No hay santo sin un pasado ni pecador sin un futuro”.

En otra esquina de este plural escenario, jóvenes que despertaron al país con su valor y determinación en abril de 2018, aunque no aceptan las etiquetas de derecha / izquierda y afirman que la pugna ideológica les resulta ajena, descalifican, también con carga emocional, a “los dinosaurios” y a “las viejas” en nombre de un “adultismo” mal entendido, sin percibir que el adultismo, como todo “ismo”, también puede convertirse en una ideología...

“SÓLO LO DERROTARAN
LOS DIFERENTES UNIDOS”


Las redes sociales han sido el escenario preferido para excluir, descalificar, anatematizar… Otros educan. Pedro Molina, el mejor caricaturista de Nicaragua, premiado internacionalmente, activísimo en las redes, lucha a diario contra las tendencias excluyentes. Y dice: “Lo importante no es lo que fue esa persona. Es lo que es hoy, es lo que somos todos en este momento, lo que hemos decidido ser y lo que podemos hacer. Y eso vale para todos”.

Fabián Medina, una de las mejores plumas del periodismo nicaragüense, insiste de una o de otra forma todas las semanas en la necesidad de una unidad opositora lo más amplia e incluyente posible. Y dice: “A Daniel Ortega sólo lo pueden derrotar los diferentes unidos y no los iguales separados”.

EL MAYOR CONSENSO LOGRADO


El más importante consenso estratégico logrado hasta el momento, en el nicho de la unidad contra la dictadura es el Bloque Pro Reformas Electorales, una iniciativa unitaria sin precedentes en el país, con participación plural: ahí están la Alianza Cívica y la UNAB, el Grupo Promotor de las Reformas Electorales -un movimiento cívico creado en 2002-, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y cuatro partidos políticos con representación legal: el PLC, el partido caribeño YÁTAMA, CxL y el partido evangélico PRD (Restauración Democrática), estos dos últimos partidos sin diputados en el Parlamento.

A lo largo del mes de febrero el Bloque ha dirigido al régimen tres comunicados señalándole el consenso logrado en torno a propuestas bien concretas para reformar el sistema electoral.

Sin decirlo así, el Bloque se presenta como el interlocutor que debe negociar con Ortega cuáles deben ser las reformas para garantizar un evento electoral creíble. En el Bloque una “coincidencia plena” es que en la discusión e implementación de las reformas electorales debe participar la OEA.

¿Y LA OEA…?


Hay que contar con la OEA. Pero Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó que Ortega no ha solicitado a la OEA ningún acuerdo de apoyo técnico para las reformas electorales que anunció haría este año. Por su parte, Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, informó que la OEA les ha asegurado que no acordará reformas bilateralmente con Ortega.

Antes del estallido de abril de 2018 las reformas iban a salir de un acuerdo bilateral firmado el 28 de febrero de 2017 con una vigencia de tres años entre el régimen y la Secretaría General de la OEA. El acuerdo se llamó “memorándum de entendimiento” y su objetivo era “fortalecer la institucionalidad electoral y el sistema de partidos políticos”. Fue un acuerdo tomado por Ortega bajo presión, después de recibir en octubre de 2016 un informe de la OEA sobre las deficiencias del sistema electoral de Nicaragua, un texto que nunca se hizo público.

El único acuerdo de ese memorándum que Ortega cumplió fue el permitir la presencia en Nicaragua de una misión de “acompañamiento” electoral de la OEA en las elecciones municipales de noviembre de 2017, calificadas de fraudulentas por observadores nacionales y avaladas por la OEA. Poco más de un año después de firmado el memorándum, estalló la insurrección ciudadana de abril y todos los compromisos quedaron en el olvido.

Ahora, el 28 de febrero de este año 2020 caducó la vigencia del memorándum y Ortega ni lo renovó ni lo dio por cancelado. De momento, la OEA está fuera del maratón…

“SIN CONDICIONES
NO IREMOS A LAS ELECCIONES”


En Nicaragua no sólo no existen condiciones legales y procedimentales para que la contienda electoral sea justa. Tampoco hay el mínimo clima propicio para que sea libre. Hasta hoy, el estado policial impuesto por el régimen impide, desde septiembre, toda expresión callejera, sea del tamaño que sea. También acecha y asedia cualquier espacio en el que los opositores se reúnen, sigue a los reunidos, los fo¬to¬grafía, anota las placas del vehículo, hasta ha disparado contra ellos...

Al estado policial se une el estado parapolicial: los paramilitares continúan activos, armados e impunes. Y al peligro que representan hay que sumar los miles de delincuentes que el régimen ha sacado de las cárceles y que han incrementado los actos delictivos, algunos en complicidad con paramilitares.

¿Cómo ir a una campaña electoral así…? No bastarán las más profundas reformas electorales si la dictadura no devuelve a la población los derechos constitucionales a la movilización, a la reunión, a la organización...

“Sin condiciones no iremos a las elecciones”, dicen ya miembros de la Alianza y de la UNAB, dando a entender que la Coalición Nacional no es sólo para acordar unidos las reformas con las que ir a las elecciones. Es también para decidir unidos si no ir.

¿Y EL EJÉRCITO…?


El Ejército de Nicaragua podría hacer un gran aporte a crear garantías para el proceso electoral desarmando a los paramilitares, tarea que no ha tenido voluntad de asumir desde abril de 2018 y a la que le obliga la Constitución de la República cuando establece que en el país sólo puede haber dos fuerzas armadas: el Ejército y la Policía.

El 21 de febrero, el Jefe del Ejército, Julio César Avilés, ratificado por Ortega en su cargo por un tercer período de cinco años, juró “cumplir con la Constitución”.

En su extenso discurso, en el que brindó una muy amplia información sobre la gestión de la institución armada en varios asuntos, no se refirió a la crisis política -como lo había hecho en septiembre de 2019-, cuando avaló la versión orteguista del “golpe de Estado”, palabras por las que fue muy criticado.

EN LA MIRA
Y BUSCANDO MEJOR IMAGEN


La institución armada ha estado en la mira de varios sectores nacionales que piden que algunos de sus miembros reciban sanciones de Estados Unidos por su complicidad en la crisis de derechos humanos que ha ensangrentado a Nicaragua. La institución también ha sido señalada, por acción o por omisión, en los asesinatos selectivos contra 30 opositores en el Norte del país (22 de ellos en Jinotega), documentados por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + que trabaja desde Costa Rica y que presentó esta cifra en un informe ante la CIDH en septiembre de 2019. La respuesta del Ejército fue inusualmente agresiva contra el Colectivo.

También el Batallón Ecológico del Ejército ha sido señalado, por omisión, en el despiadado y continuo saqueo de madera preciosa de la reserva de Bosawás y en los frecuentes ataques de colonos a las comunidades mískitas y mayangnas del Caribe. Cuando el 29 de enero de 2019, colonos armados atacaron la comunidad mayangna de Alal, en la entrada a la zona núcleo de la reserva, asesinando a cuatro indígenas, hiriendo de gravedad a dos y quemando viviendas, el Ejército no brindó información sobre este hecho criminal.

El Ejército está empeñado en mejorar su imagen. Ha reactivado encuentros que la institución mantuvo hace años -un legado de la gestión del general Omar Halleslevens- con finqueros y ganaderos del Norte, hasta con algunos alcaldes liberales del Corredor de la Contra, para garantizarles seguridad contra la delincuencia.

Contribuye también a mejorarla internacionalmente su relación con ejércitos de la región. En la reunión celebrada en Managua entre el 20 y el 23 de enero con los responsables de inteligencia militar de los ejércitos de México, de Centroamérica y del Comando Sur de Estados Unidos, el Ejército de Nicaragua consiguió que estos jefes militares expresaran un reconocimiento público al liderazgo de la institución militar nicaragüense en acciones y políticas de seguridad.

LOS MENSAJES
DEL 21 DE FEBRERO


En este contexto, la costosa solemnidad del acto con que el 21 de febrero Ortega quiso honrar al Ejército y a su Jefe -si cumple este período, estaría 15 años seguidos en el cargo-, ordenando cadena obligatoria durante dos horas en todos los canales de TV, nacionales o de cable, era una manera de decirle a la ciudadanía que todas las armas están de su lado.

Por su parte, el Jefe del Ejército, con la larguísima enumeración de sus éxitos en la lucha contra el narcotráfico y la detención de ilegales -”Nicaragua sigue siendo el país más seguro”-, le decía a Estados Unidos que los militares no deben ser “tocados” ya que son garantía de la estabilidad del país.

Hubo varios mensajes explícitos e implícitos esa noche. El general Avilés no mencionó la crisis económica, tampoco abogó por el diálogo como solución a la crisis, como lo ha hecho la institución en ocasiones anteriores. Tampoco mencionó el proceso electoral que se avecina… Pero sí tomó clara distancia de los larguísimos mensajes cargados de toda clase de insultos, acusaciones y descalificaciones que la Vicepresidenta publicó contra el pueblo azul y blanco en vísperas de la actividad militar en una proclama que escribió, epítetos que sigue lanzando en sus habituales alocuciones de todos los mediodías.

“Al igual que la inmensa mayoría de nuestro pueblo, los miembros del Ejército de Nicaragua -dijo el general Avilés esa noche- abrigamos la esperanza que juntos seamos capaces de construir la Nicaragua libre, digna, justa y próspera, que nos merecemos. Todos pertenecemos a esta gran casa, Nicaragua. Todos somos hermanos. Por lo tanto, debemos sabernos tolerar, abandonar el odio que sólo daño trae y comprender que lo mejor es convivir en armonía y en paz”.

¿UN PROCESO ELECTORAL
EN PAZ Y ARMONÍA?


¿Qué ha significado desde hace casi dos años y hasta ahora la “paz”? Sólo silenciar y eliminar… ¿Será en paz y armonía el proceso electoral? ¿Qué papel jugará el Ejército para garantizar que haya paz antes, durante y después de las votaciones? ¿Y qué papel jugará si el resultado es contrario a Ortega?

“Tengo plena certeza que el Ejército respetará la Constitución y los resultados de las elecciones, aunque no favorezcan a Ortega, porque se juega la estabilidad del país como su propia sobrevivencia como institución. Deben estar analizando desde ya los costos políticos de cuál será su actuación”, dice a “La Prensa” el experto en seguridad Roberto Cajina.

CARNADAS PARA LA DIVISIÓN
Y LA ABSTENCIÓN


Falta una buena cantidad de meses para conocer qué sucederá en las prolongadas jornadas del ya iniciado maratón. Ortega puede darse el lujo de retrasar al máximo las reformas electorales y modificarlas en el último momento a su gusto y antojo y según vea el grado de presión nacional o internacional. Se sentará a esperar la división de la Coalición Nacional... mientras la promueve.

Poco antes del anuncio de la Coalición Nacional el 25 de febrero, el medio digital “Artículo 66” citó a “una fuente cercana al régimen” que informaba que en algún momento (¿cuándo...?) Ortega “aflojará algunos puntos en la reforma electoral con los que pretende dar la imagen de pluralidad y de flexibilidad, pero que son un anzuelo, una trampa para que el voto en su contra se disperse”.

Tres serían esos “puntos” dispersadores. Entregar numerosas personerías jurídicas a nuevos partidos o movimientos. Aceptar la inscripción de candidatos a diputados por suscripción popular: sin partido político, pero con cinco mil firmas podrán competir. Y financiar a los partidos políticos no después de las elecciones según los votos que obtengan, sino antes.

Sobre estas carnadas, José Antonio Peraza dijo a Envío: “Ortega va a hacer con seguridad dos cosas: dividir a la oposición y eso significa crear más partidos políticos, y fomentar la abstención, con miedo y desprestigiando a la oposición. Todas las opciones están abiertas para él. Lo que se debe evitar a toda costa es la división y la abstención. Con unidad y organización en la oposición, con condiciones más o menos aceptables, y con gente que sepa lo que hay que hacer en el terreno en un proceso electoral, no hay manera de perder. Estamos en aguas movedizas y sólo el patriotismo y la sabiduría nos permitirán atravesar este mar de dificultades”.

¿LLEGAREMOS
A LAS ELECCIONES?


También puede Ortega, si ve que no le funcionan los anzuelos y si mira en la pista contraria una Coalición con unidad sólida, detener el maratón cancelando las elecciones, suprimiéndolas. Puede hacerlo.

No va a competir si va a perder y sabe que si compite en serio perderá. Ortega sabe de sobra que fue derrotado en abril y mayo de 2018 cuando centenares de miles, en maratones diarios por las calles de todo el país, se lo hicieron saber. Ahora, otro maratón mucho más complejo se ha iniciado para recordárselo.

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